La nueva legislación en materia de gestión de residuos coge a muchos municipios a contrapié. Si bien es cierto que en los últimos años se han dado pasos importantes para interiorizar que es necesario un cambio de modelo de recogida y debe tenderse hacia la identificación, nos encontramos con una gran cantidad de debilidades que, desde nuestro punto de vista, nos dificultan realizar este camino. A continuación presentamos los que consideramos los principales ocho retos a corto plazo.

En primer lugar, existe una limitación importante a nivel político-social. El rechazo y desconcierto que genera entre la mayor parte de la población la implantación de modelos que “obligan” a entregar bien separados los residuos, impacta directamente sobre la asunción de la responsabilidad política de implantar sistemas eficientes que garanticen los mejores resultados cuantitativos y cualitativos. Es importante avanzar hacia una despolitización de la gestión de los residuos y llegar a consensos que nos permitan implantar modelos que fomenten la prevención y reciclaje.

En segundo lugar, uno de los factores que actualmente representa una mayor debilidad es no disponer de sistemas homologables de indicadores que permitan comparar los diferentes modelos. Es necesario dejar de comparar porcentajes de recogida selectiva y trabajar datos basados en la captación en kg/hab./año bruta y limpia y, sobre todo, contabilizar los mismos flujos en cada caso. En este sentido, no todos los modelos de recogida con identificación nos permiten alcanzar los mismos resultados. Hay que diferenciar entre individualización e identificación y definir bien los objetivos para acabar implantando el modelo que realmente permita alcanzarlos.

En tercer lugar, es importante mencionar la recogida comercial. Todavía ahora, en la mayoría de los casos, el coste de recogida y tratamiento que supone este servicio se asume en la tasa de recogida domiciliaria. A veces, cuesta mucho que los municipios entiendan que la gestión de los residuos forma parte de la propia actividad lucrativa y que, por tanto, es un coste que debe internalizarse. En ningún caso se entendería asumir el coste de suministros como la luz, el agua o el gas, pero en cambio asumimos parte del de la gestión de los residuos comerciales. Hay que tender hacia modelos en los que cada actividad asuma el coste que representa la gestión de los residuos generados y evitar sobredimensionar frecuencias de recogida de forma universal.

En cuarto lugar, un reto aparte es el de las grandes ciudades. En este caso el modelo fácil parece ser el de mantener los contenedores en la vía pública e instalar sistemas de control de acceso. Pero esa solución puede no ser tan mágica. La falta de control en las aportaciones, el riesgo de incremento de abandonos en los entornos de los contenedores, el riesgo de incremento de impropios, el vandalismo y los elevados costes de mantenimiento y repuestos pueden hacer que el modelo no sea el óptimo, a pesar de parecer el camino fácil. A menudo, sistemas mixtos en los que conviven la individualización con el control de acceso son los que garantizan mejores resultados. De hecho, en las grandes ciudades es donde más se evidencia el conflicto político y social a la hora de implantar estos modelos, lo que liga con el primer reto y, por tanto, es donde hace falta mayor valentía y responsabilidad para evolucionar hacia modelos eficientes.

En quinto lugar, existe un gran desconocimiento de cómo realizar las implantaciones y el mantenimiento de las bases de datos para acabar implantando un sistema de tasas basado en el PxG (pago por generación) o el PxP (pago por participación). Además, en algunos casos, existe multiplicidad de bases de datos y plataformas de gestión que hacen imposible cualquier posibilidad de unificarlos y cruzar datos. Esto puede acabar comportando la necesidad de reiniciar el proyecto en el momento de implementar las nuevas tasas, lo que comporta un doble gasto y una gran ineficiencia.

En sexto lugar, carecen de datos fiables a nivel de costes de servicio, especialmente en lo relativo al mantenimiento de la tecnología. Este factor puede acabar produciendo la elección de un modelo que resulte ser insostenible económicamente, lo que resulta grave si esto se detecta una vez se ha iniciado un nuevo contrato de larga duración.

En séptimo lugar, y en relación con los costes, nos encontramos con una gran limitación a nivel de tratamiento. Existe una fuerte disparidad de costes de tratamiento de FORM (fracción orgánica de residuos municipales) y queda en función del destino, lo que conlleva que en muchos casos el diferencial no sea lo suficientemente importante como para incentivar una recogida más eficiente y con mejores resultados, a pesar del regreso del canon. A esto hay que añadirle, en algunos contextos, costes de transferencia, que todavía contribuyen en mayor medida a reducir ese diferencial. Es necesario analizar de forma esmerada esta situación y plantear soluciones para tender a la homogeneización de estos diferenciales y asegurar la igualdad de condiciones entre municipios.

En octavo lugar, existe un problema relativo a la gestión y tratamiento de la FORM. El actual sistema de tratamiento se basa en la centralización del tratamiento, hecho que, en muchos casos, va en detrimento de la calidad y del potencial de uso del producto final obtenido. Apostar por la descentralización del tratamiento de la FORM no sólo nos permitiría mejorar la eficiencia del proceso, ya que se reduciría la necesidad de transferencia y transporte, sino que garantizaría la máxima calidad del compost y su aplicación cercana al punto de generación.

En resumen, nos planteamos ocho retos inminentes que, si conseguimos resolverlos, deben permitirnos dar el paso definitivo hacia una gestión de residuos más eficiente:

Éste es un breve resumen de los retos más inmediatos que debemos afrontar y en los próximos insights los iremos desarrollando y desgranando para profundizar en ellos.